Internet y sociedad en Colombia: guías, datos y análisis, con pruebas

Desinformación

La desinformación es información falsa creada para dañar; la información errónea es falsa, pero sin intención de dañar, y la malinformación usa datos reales con ese fin. La distinción viene del informe de Claire Wardle y Hossein Derakhshan para el Consejo de Europa (2017). Los equipos de verificación del país, como Colombiacheck, publican su método: seis pasos para chequear discurso público y cinco para chequear desinformación, con una escala de cinco categorías vigente desde el 23 de noviembre de 2018.

El artículo 20 de la Constitución garantiza la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial, y la sentencia SU-420 de 2019 fijó requisitos para acudir a la tutela por lo publicado en redes sociales. La guía cierra con siete comprobaciones que se hacen en minutos: leer completo, revisar la fuente, hacer lectura lateral, buscar otros medios, mirar la fecha, usar la búsqueda inversa de imágenes y comprobar las cifras en su origen.

Derechos digitales

Los derechos digitales no son un catálogo aparte: son los derechos humanos ejercidos en línea. En Colombia se apoyan en los artículos 15 (intimidad y hábeas data), 20 (expresión e información), 23 (petición), 74 (documentos públicos) y 75 (espectro) de la Constitución, y en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 sobre datos personales, 1273 de 2009 sobre delitos informáticos, 1341 de 2009 sobre TIC y 2108 de 2021, que declara el acceso a internet un servicio público esencial.

La Superintendencia de Industria y Comercio vigila el cumplimiento de la Ley 1581 y puede investigar y ordenar el acceso, la rectificación, la actualización o la supresión de datos. Entre las sentencias, la T-277 de 2015 trató el derecho al olvido en buscadores. A escala internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU afirmó en 2012 que los derechos fuera de línea deben protegerse también en línea.

Brecha digital

Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, el 73,9 % de los hogares colombianos tenía conexión a internet en 2025, frente al 59,5 % de 2022. En centros poblados y rural disperso el avance fue de 32,2 % a 56,9 %, y la distancia con las cabeceras bajó de 35,3 a 21,9 puntos. En 2025 los hogares con conexión fija (53,8 %) y con conexión móvil (53,6 %) casi se igualaron, aunque solo el 37,2 % tenía computador.

Las diferencias entre departamentos siguen siendo amplias: San Andrés tuvo 90,0 % de hogares con internet y Vaupés 18,6 %. MinTIC publica otra medición, la de accesos de operadores (10,49 millones fijos y 49,6 millones móviles en el primer trimestre de 2026), que no se compara con la del DANE porque cuenta contratos y no hogares.

Medios indígenas

El censo de 2018 contó 1.905.617 personas que se autorreconocieron indígenas y 773 resguardos; el Ministerio de Cultura habla de 65 lenguas indígenas. La Ley 1381 de 2010 dispone que el Estado impulse programas en lenguas nativas en los medios, la Ley 335 de 1996 garantiza a los grupos étnicos el acceso al espectro y a los medios del Estado, y el artículo 16 de la Declaración de la ONU reconoce el derecho a establecer medios propios en los propios idiomas.

La CONCIP, que integran ONIC, OPIAC, CIT, AICO y Gobierno Mayor, es la comisión de comunicación de los pueblos indígenas dentro de la Mesa Permanente de Concertación. En 2026 MinTIC informó la entrada en vigor de una categoría de radio indígena el 4 de agosto y un mecanismo que destina el 0,66 % de los recaudos por licencias de espectro en territorios del CRIC a la comunicación propia.

Cada guía parte de documentos primarios: el texto de la ley en el sitio de la entidad que la publica, la sentencia en la relatoría de la Corte, la tabla estadística en el boletín del DANE, la definición en la página de la organización que la formula. Las cifras se citan con su fuente, su año y la definición del indicador, y cuando una cifra se reexpresó en un boletín posterior, la guía dice cuál usa. Lo que no se pudo comprobar en la fuente original no se incluye.

Las normas se resumen con su número, su fecha y su objeto, y las sentencias con su número y lo que decidieron, sin ir más allá de lo leído. Los casos de ejemplo están marcados como hipotéticos, y los cálculos propios, como la diferencia entre dos porcentajes, se señalan como tales.

El análisis de desinformación y derechos digitales sigue las mismas reglas que el análisis de brecha digital y de medios indígenas: en cualquier tema de internet y sociedad en Colombia, la guía distingue lo que dice la fuente de lo que es cálculo propio.

Las guías no emiten opiniones sobre personas ni sobre decisiones judiciales concretas, y no sustituyen el análisis de un abogado ni el criterio de un profesional. Las organizaciones aparecen descritas con lo que ellas mismas publican, atribuido a ellas. Los gráficos se construyen con las cifras publicadas, sin ajustes ni estimaciones, y la página de datos incluye el archivo CSV con la fuente de cada número para que cualquiera pueda repetir la comprobación.

Los temas que no están tratados, como la protección de los datos de niños, niñas y adolescentes o la propiedad intelectual en línea, no se resumen a medias: se dejan fuera hasta poder citarlos con sus fuentes.

Para citar una guía conviene dar el título de la página, la fecha de consulta y la dirección. Para citar una cifra o una norma, lo correcto es citar la fuente primaria que aparece enlazada al final de cada página, no la guía que la resume: así quien lee comprueba el dato donde se publicó y ve el año y la definición exactos. Cuando una fuente actualiza una cifra, la página correspondiente indica qué boletín usa y qué diferencia hay con el anterior.

Qué se encuentra en cada guía

La guía de desinformación parte de las definiciones de Claire Wardle y Hossein Derakhshan para el Consejo de Europa, explica el término infodemia según la OMS y describe cómo verifican los equipos de Colombia, con la metodología publicada de Colombiacheck. La de derechos digitales reúne los artículos 15, 20, 23, 74 y 75 de la Constitución, cinco leyes y cuatro sentencias de la Corte Constitucional.

La de brecha digital presenta la serie de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE entre 2022 y 2025, con gráficos para incrustar. El dossier de medios indígenas resume cifras de población y lenguas, el marco legal y las organizaciones que impulsan la comunicación propia.

Por qué estos cuatro temas van juntos

Los cuatro temas comparten una pregunta de fondo: quién puede informarse, expresarse y proteger sus datos en internet, y con qué garantías. La desinformación afecta a quien recibe información, y su cura práctica es la verificación. Los derechos digitales establecen qué puede exigirse cuando la información o los datos propios se usan mal. La brecha digital determina quién ni siquiera llega a esa conversación. Y los medios indígenas muestran cómo comunidades enteras producen información propia, en sus lenguas.

La guía de desinformación y derechos digitales conecta dos mundos que suelen tratarse por separado: la verificación de contenidos y el marco constitucional del artículo 20, y la protección de datos del artículo 15.

Cómo leer las cifras de estas guías

Se compara lo comparable: el DANE mide hogares y personas mediante la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, y MinTIC cuenta accesos reportados por los operadores, dos cosas distintas que no se mezclan. Se indica el año: una cifra de 2022 (59,5 % de hogares con internet) y una de 2025 (73,9 %) pueden ser correctas y describir realidades distintas. Y se distingue la zona: cabeceras municipales por un lado y centros poblados y rural disperso por otro, con las definiciones del propio DANE.

Cuando una cifra cambió de un boletín a otro, la guía lo dice: el uso de internet en 2024 aparece como 79,3 % en el comunicado original y 79,4 % en el boletín técnico de 2025.